La violencia escolar constituye un serio problema en nuestros centros educativos, más grave y habitual de lo que imaginamos, que impide el desarrollo normal de los jóvenes (Coker, Huebner, Keith, McKeown, Sanderson y Valois, 2000) y que genera una enorme preocupación social. Afecta, evidentemente, a las relaciones entre profesores y alumnos (Trianes, 2000), y supone enormes costos económicos, tales como intervención policial, judicatura de menores, salud mental, daños contra la propiedad y costes profesionales (Bagley y Pritchard, 1998). Sin ir más lejos, hace un par de semanas, los medios de comunicación se hacían eco de una noticia muy llamativa: un menor de 17 años ha sido condenado por un delito de atentado y una falta de lesiones al agredir, durante el pasado curso escolar, al maestro de un familiar, a la salida del centro educativo en una localidad cercana a Granada capital.
En ese sentido, la intervención policial en casos de violencia escolar es un elemento clave que puede garantizar una prevención eficaz del fenómeno a largo plazo, sobre todo en una sociedad en la que la cultura de violencia está más que asentada: no hay más que ver la televisión para darse cuenta de que la misma está presente ya no sólo en la escuela, sino en el hogar, en el puesto de trabajo o en los locales de ocio. Por tanto, ¿en qué medida resulta útil la intervención policial en la lucha contra la violencia en este ámbito? ¿Nos hallamos ante un medio real que apoya firmemente a su prevención?
Uno de los fenómenos más llamativos de nuestra reciente historia policial es la evolución producida en el seno de la sociedad acerca del papel de la Policía. Para Martín Fernández (1994), todos los cuerpos policiales existentes hoy en España están inmersos en profundos procesos de cambio organizacional. Incluso el modelo policial actualmente en vigor está siendo objeto de análisis y renovación, creando un contexto en el que los cuerpos policiales se encuentran en un momento de crisis de identidad, tratando de adaptar sus estructuras y funcionamientos a la realidad actual del país. Desde principios de siglo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en las sociedades de nuestro entorno cultural aparece la demanda de profesionalización constantemente: la sociedad se ha hecho más compleja, y el conflicto ha pasado a formar parte natural de la vida en común, buscándose en la falta de profesionalización de la Policía la respuesta a la crisis que la situación provoca con fuerza creciente. De hecho, la población ya no exige una simple respuesta burocratizada: se solicita un alto nivel de conocimientos profesionales; una decidida implicación en los temas en los que se interviene; una actitud claramente positiva de mediación y de búsqueda de alternativas, y, en definitiva, una alta preparación y cualificación profesionales (Martín Fernández, 1992).
En ese sentido, se recomiendan modelos policiales más proactivos frente a los reactivos más tradicionales (Álvarez, Castillo y Lila, 2012). Estos modelos proactivos, como son la Policía de Proximidad, pretenden minimizar el innegable componente reactivo de las intervenciones en la Policía, posibilitando que el Policía pueda actuar en la prevención como un profesional de la seguridad con conocimiento profundo de cada barrio y su cultura (Garrido et al., 2001; Torrente, 1999). De hecho, algunos autores han apuntado que “la Policía Comunitaria ha reinventado la Policía en cierto sentido” (Torrente, 1999). Se trata de un modelo que surge en respuesta a las carencias del modelo policial tradicional, debido al reconocimiento por la Administración de una crisis de gestión y a la escasa valoración social de la tarea policial. Por otro lado, en países desarrollados, supone una innovación y cambio en las organizaciones de policía que se encontraban próximas a reformas que pretendían una transición hacia un enfoque más preventivo y proactivo de la labor policial, y que buscaban una actuación más eficaz contra la criminalidad, asumiendo la cogestión de la seguridad como una pauta fundamental (Reiner, 2006; Trojanowicz et al, 1998). Esta Policía Comunitaria suscita el rol policial basado en una mayor interacción con la comunidad, para resolver los problemas de seguridad más frecuentes, haciendo hincapié en valores tales como la proactividad, la flexibilidad y la adaptación de la actividad policial a través de estrategias de gestión policial que priorizan un enfoque comunitario centrado en la resolución de problemas (Camacho, 2013). Su principal activo, por tanto, se encuentra en el protagonismo que adquiere el ciudadano, que convierte en depositario y centro de la acción policial a través de una evidente democratización.
Por tanto, y en cualquier caso, los resultados constatan la evolución de los cuerpos policiales en general, sobre todo si nos centramos en sus competencias, incluidas las que se relacionan con el contexto escolar. En ese sentido, Del Rey y Ortega (2001) mencionan las iniciativas que se desarrollan en nuestro país gracias a la labor del Cuerpo Nacional de Policía, que trabaja para combatir la violencia escolar desde varios focos de actuación. Por un lado, ha creado la Policía de Proximidad, con la que se pretende, entre otros objetivos, integrar en las zonas cercanas a los centros educativos a un agente que sea conocido por los alumnos y considerado como miembro cercano del entorno. Por otra parte, está llevando a cabo sesiones informativas en los centros para prevenir los actos violentos y, por último y de manera más concreta, la actuación más específica es la creación de grupos de trabajo orientados hacia varias líneas de actuación: conocimiento del entorno, escuela de padres, conflictividad parental, prevención del inicio y consumo de drogas, desarrollo de unidades didácticas sobre protección del centro y autoprotección de los alumnos.
En esta materia, la función policial preventiva está orientada a actividades tales como el control y vigilancia a la entrada y salida de los colegios (en aras de prevenir actividades relacionadas con el tráfico de drogas u otros delitos); detección del absentismo escolar, y control y vigilancia de los lugares frecuentados por dichos jóvenes en horario escolar; visitas y entrevistas con el personal de los centros educativos y los padres, con el fin de captar información sobre presuntas actividades ilícitas o discriminatorias; y hacer demostraciones en los colegios con el objetivo de aproximar la figura del policía hasta los niños y jóvenes.
Sin embargo, ¿resulta útil la intervención policial en una posible prevención de situaciones de violencia escolar? ¿Funciona la intervención policial en este tipo de situaciones? ¿Qué opinión os merece?
Verónica Cano Alarcón.
Trabajadora Social y Licenciada en Criminología.
Máster en Análisis y Prevención del Crimen.
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